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La vivienda es una de las necesidades inherentes al ser humano, junto con la alimentación y la salud, constituyen un capítulo importante de las reivindicaciones de la lucha social, consagrada en constituciones nacionales y tratados internacionales. La falta de vivienda para las clases oprimidas es una constante histórica.

En la migración campo-ciudad, la ciudad capitalista consolida la disgregación espacial entre vivienda y trabajo, es decir entre trabajadores y modos de producción. La vivienda se transformó de su función de abrigo, cobijo y alimento, a un lugar estructurante de la sociedad de consumo: donde mobiliario, electrodomésticos, televisión son parte de los bienes de consumo que los trabajadores deben adquirir para economizar el trabajo doméstico, caracterizado por un excesivo consumo energético (gas, electricidad y gasolina) y que se ha hecho imprescindible en el modelo de vida que imponen las ciudades capitalistas.

La exaltación de la vivienda como mercancía y la consolidación de la urbe como único espacio de vida, son piedra angular del sistema neoliberal. En Hábitat III, las Naciones Unidas representando los intereses de las corporaciones trasnacionales presentaron la urbanización como inevitable, a la ciudad como garante del desarrollo de los pueblos, las naciones y al derecho a la ciudad como el ejercicio de la privatización de los bienes y servicios públicos. Además de exacerbar el modelo de desarrollo hegemónico, se adecua al resto de políticas públicas impuestas en el campo, educación, salud, alimentación y  bienes comunes.

Es un hecho que las ciudades en América Latina y El Caribe están colapsadas, ya sea por la carencia de agua y saneamiento, devastación ambiental, contaminación del viento, acumulación de basuras, gentrificación, desalojos, por la saturación vehicular, cambio climático, desempleo, urbanización a ritmo acelerado, a través de gobiernos cómplices de las ecocidas corporaciones multinacionales que rompen el equilibrio que da sustento a la vida. Y por otro lado por la ruptura de los tejidos sociales que, en medio de la crisis civilizatoria, desata  la violencia y delincuencia, incremento de enfermedades crónicas, consumismo- individualismo, etc.

El paradigma de las políticas públicas de vivienda aplicadas en nuestro continente no es adecuado, solo favorece a un puñado de empresas, en este sentido el derecho a la vivienda se ha mercantilizado, convirtiéndose en el derecho a financiamiento para la vivienda, con modelos adoptados del Banco Mundial.

No habrá posibilidad real de resolver la crisis de la vivienda sino entendemos esto. Por ello, las redes y movimientos sociales que trabajamos por hacer realidad una vida buena, incluida la vivienda adecuada, tenemos la responsabilidad de promover alternativas que surjan de nuestros territorios y modos de vida, que tengan como sustrato un enfoque basado en una lógica relacional y solidaria, desde otros presupuestos, en otra forma de abordar la realidad, que hagan posible políticas de vivienda fundadas en los derechos humanos y de la naturaleza, y en los habitantes concebidos como creadores y gestores de asentamientos humanos justos, productivos, comunitarios, equitativos y sustentables.

De ahí la importancia en sumar esfuerzos entre personas que se mueven en muy diversos ámbitos, organizaciones populares, comunitarias, redes locales, nacionales e internacionales, academias, organizaciones civiles sin prejuicios ideológicos, abriéndonos a una diversidad de maneras de percibir las cosas y de actuar.

En este contexto y de cara a la formación política de los habitantes, tenemos el agrado de comunicarles que la Alianza Internacional de Habitantes y la Universidad Popular Urbana con el apoyo de Misereor realizan el primer curso de Formación On-line, a partir del 25 de agosto del 2017 y con la duración de 5 semanas, para fortalecer el quehacer de organizaciones populares en América Latina y El Caribe.

 Les invitamos a presentar sus candidaturas.